Día si día también los medios de comunicación españoles colman el periódico o el noticiario de turno de múltiples dramas personales que arrastra esta difícil coyuntura económica y, por qué no decirlo si se trata de información, también el gobierno: desahucios de familias pobres, colegios sin calefacción por falta de presupuesto, individuos alimentados diariamente en comedores sociales, personas mendigando, incluidos ancianos cuya pensión hubiera dado para un retiro de lujo de pertenecer a la clase política…son solo algunas de estas dramáticas historias; historias de cuyos protagonistas en un esfuerzo obligatorio saldrán los más de 21.000 Euros que corresponden a cada escaño obtenido en el Congreso o Senado tras el 20-N; por no hablar del coste que supone los carteles, panfletos, viajes, anuncios televisivos y demás formas propagandísticas cuya financiación es pública en más de un 50%, un hecho al que no se le da tanto bombo y platillo.
Bien es cierto que la subvención estatal era aún superior en la década de los noventa y costeaba el 80% de los gastos de acuerdo con lo expuesto en los informes sobre financiación de los partidos políticos y su endeudamiento. Las campañas electorales del 20-N se ven obligadas, veinte años después, a recortar mínimo un 15 % su gasto para cumplir con la reforma de Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General ,iniciativa del Partido Popular y aprobada en enero del presente año con el consenso de todos los partidos; según esta medida, ajustarse el pantalón como popularmente se conoce, ya no solo corresponde al pueblo llano sino también a los partidos políticos a los que ahora va a tocar agradecer el ahorro de poco más de 7 millones de euros que supone el ajuste presupuestario con respecto a la campaña del 2008.
Pese a ello el presupuesto con el que cuentan no es poca cosa: casi 42 millones de los cuales 17 corresponden al PP y más de 15 al PSOE. El resto de la partida se destinara a partidos minoritarios que no es que no tengan nada que hacer, que también, sino que la asignación económica se realiza en función de los resultados en las elecciones anteriores.
La reflexión que se deriva de todo ello es la incoherencia de establecer límites en la financiación privada, ya que la aportación individual no puede superar los 10.000 euros, y sin embargo seguir chupando del bote por muchos ajustes presupuestarios que manden las leyes.
En lo que si parece no haber reparos es en la aplicación de recortes sanitarios y educativos. Con hechos como estos no hay inversión propagandística que devuelva la confianza a una ciudadanía que ya da muestras de indignación en el fondo y de cambio de gobierno en la forma.
MARINA RIVERO/DIARIO A TIEMPO
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